La lengua propia

Por Pola Sánchez

Yo recuerdo perfectamente el tema de la "lengua propia" cuando apareció en el Estatut de 1979.

En aquel momento, en el proceso de salida del franquismo, los castellanoparlantes nos sentíamos concienciados y solidarios con la necesidad de devolver a los catalanoparlantes el uso de su lengua en el ámbito público. En ese contexto, llamar al catalán "lengua propia" parecía más bien un gesto de buena voluntad, una mención específica de la lengua que Franco había separado de la administración y de la enseñanza; una reivindicación.

Por otra parte, y esto es importante, todo el mundo entendía ese redactado ("lengua propia") en el sentido de que el catalán era una lengua que, a diferencia del castellano, era propia sólo de Cataluña (y no de otras regiones).

De ningún modo se entendía el redactado en el sentido de que ésa fuese la verdadera lengua merecedora de oficialidad, y que la otra fuera oficial sólo de rebote.

Pero ellos, los nacionalistas identitarios (si no te ocupas de la política, será peor porque otros se ocuparán por ti) ya iban con su idea. Fijaos en cómo lo redactaron:

"1. La lengua propia de Cataluña es el catalán.
2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español."

Listo para tachar desde "así como también", que para eso lo pusieron como un parche añadido.

Seguidamente vino la Ley de Normalización Lingüística de 1983 que, zas! va y atribuye consecuencias jurídicas a esa mención de "lengua propia", cambiándole completamente el sentido y dándole una interpretación que nadie le había dado.

A partir de ahora, como lengua propia, el catalán sería la lengua de la enseñanza y de la administración.

Ya más tarde, en la Ley de Política Lingüística de 1998 los redactados se radicalizan más; pero aunque el derecho a la enseñanza primaria en lengua materna estaba preservado en el redactado, jamás lo aplicaron. Y al llegar el tripartito, hala, se puso a poner multas, que ya estaban previstas en la propia Ley pero que aún no se aplicaban, en espera de un momento más propicio.

Cómo mínimo va a ser preciso rectificar esa mala apropiación del sentido de la expresión "lengua propia", si es que no se borra directamente, vista la mala utilización que de ella se ha hecho, y que en este momento histórico ya no requerimos el gesto reivindicativo antifranquista: el actual arsenal legislativo suple con creces aquella situación de carencia de la que partíamos cuando se acuñó la expresión "lengua propia".

1 de Mayo

Comunicado leído por Francesc de Assís de Carreras Serra y José Domingo

Con motivo de la Fiesta de los Trabajadores, Ciutadans de Catalunya quiere hacer llegar a los ciudadanos su decidida apuesta por una sociedad libre de discriminaciones.

En el Manifiesto presentado en el Teatro Tivolí el pasado 4 de marzo, se esbozaban los rudimentos de nuestra acción política: la defensa del principio de “igualdad ante la ley, los derechos que caracterizan a las sociedades realmente democráticas” y la intervención de los poderes públicos para que promuevan “la igualdad de oportunidades de forma que ni el origen, ni el idioma, ni el sexo, ni la posición económica de la familia, determinen privilegios”.

La situación de debilidad política de los partidos que forman el gobierno de Cataluña, el protagonismo desmedido, en proporción a su cuota electoral, de partidos cuyos intereses no son los de todos los españoles y la asunción por parte del partido socialista catalán de los principios del ideario nacionalista, han marcado negativamente, a nuestro juicio, de tal modo el curso de la vida nacional que, en la actualidad, se ciernen sobre los trabajadores un desarrollo legislativo de los nuevos textos estatutarios que pone en serio peligro la pervivencia de la igualdad entre ciudadanos.

El nuevo Estatuto de Cataluña, en particular, al definir un espacio catalán de relaciones laborales con el propósito de desarrollar una práctica propia de diálogo social, de concertación, de negociación colectiva, de resolución extrajudicial de conflictos laborales, amenaza la estabilidad del marco unitario de principios básicos que regula la actividad y los beneficios sociales de todos los trabajadores y trabajadoras españoles y que garantiza bajo el paraguas constitucional el principio de igualdad y la justicia en la redistribución de la riqueza. Sabemos de la falta de inocencia del adjetivo propio, cuya inclusión anuncia como ocurriera con la lengua una nueva frontera de separación entre los españoles disfrazada bajo el eufemismo del autogobierno.

Por otra parte, no podemos sino manifestar nuestro asombro ante la colaboración de los líderes de las organizaciones sindicales asentadas en Cataluña ante la imposición del deber de conocer el catalán que, con carácter genérico, prescribe el futuro Estatuto y que se concreta en el ámbito laboral en el deber de disponibilidad lingüística. Este principio está destinado a constituirse en un factor de discriminación laboral, en un freno a la libre movilidad en el territorio español (precisamente ahora que se abre el espacio laboral europeo) y, lo que es peor, va a suponer la pérdida de su empleo o de su puesto de trabajo a un buen número de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué clase de sindicatos son esos que promueven la política gubernamental como si el Estatuto que se nos avecina fuera avanzado socialmente o fuera a mejorar la vida de los trabajadores cuando contiene elementos de claro contenido discriminatorio para una parte significativa de la población?

No es esta la línea en que deseamos que avance nuestro país. Bien al contrario, aspiramos a la implementación de políticas que supongan la garantía de las prestaciones sociales básicas para la totalidad de los ciudadanos. En este sentido, aplaudimos los objetivos de la futura Ley de Dependencia por cuanto vienen a cubrir un déficit de servicios sociales crónico en España. Ese es el camino. Por el contrario, denunciamos la incompetencia del Gobierno autonómico que no ha sabido aplicar las medidas adecuadas para evitar el incremento de la siniestralidad laboral y reclamamos un mayor esfuerzo en esta materia.

El Gobierno catalán, centrado en su obsesión nacionalista de la que es expresión máxima el nuevo Estatuto, ha dejado de lado la política social. Frente a ello, nosotros consideramos que ninguna reivindicación identitaria merece el sacrificio del principio de igualdad y la defensa de los derechos de los trabajadores.